El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena fue apartado de la causa en la que investiga el presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri a dirigentes políticos del oficialismo y la oposición, sindicalistas, periodistas y jueces.

Apartan al juez federal Villena por la causa del presunto espionaje ilegal

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena fue apartado de la causa en la que investiga el presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri a dirigentes políticos del oficialismo y la oposición, sindicalistas, periodistas y jueces.

Esto abre la puerta a las defensas a presentar una tormenta de nulidades de todo el expediente y reclamos de excarcelación.

La decisión la tomó el juez de la Cámara Federal de La Plata Roberto Lemos Arias ante la recusación planteada por las defensas de tres ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) detenidos, que ayer fueron indagados.

De hecho, Susana Martinengo, la ex funcionaria de Cambiemos que está presa desde el lunes pasado, había estado en el juzgado hasta las 2 de la madrugada de este viernes, pero su indagatoria no había terminado. Ayer también tenía que ser indagado Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI y responsable del grupo “SuperMarioBross”. Ahora, todo queda frenado.

Pase a otro Juez con causa similar

La causa pasará al otro juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, que investigaba otro caso de espionaje ilegal. Es el que se hizo sobre el Instituto Patria de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con la intervención de la fiscal Cecilia Incardona que cumplía su función en las dos causas.

De esta manera, aunque se trata de dos causas diferentes, los dos expedientes abiertos en esos tribunales por el espionaje en la era de Mauricio Macri quedarán concentrados en las mismas manos.

Villena fue apartado porque la investigación de espionaje ilegal “guarda estrecha relación con las medidas que fueron adoptadas” por el propio juez en otros dos expedientes. Se trata de un expediente de 2017 que se inició a instancias de la AFI para hacer tareas de inteligencia ante el G-20 que se iba a realizar el año siguiente en Buenos Aires. Por ese aval fue espiado el Instituto Patria. Y la segunda causa es de 2016 y se investigaba a Mario Segovia, el llamado “Rey de la efedrina”.

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Villena autorizó poner una cámara de filmación en su celda, micrófonos en otros sectores de la cárcel de Ezeiza y seguir sus movimientos. Esa decisión pudo ser el inicio del espionaje ilegal a ex funcionarios kirchneristas y empresarios detenidos.

El resultado de esas escuchas -sobre personas que no eran el foco de la investigación inicial- quedaron plasmadas en la llamada “Operación Puff”, un expediente que se impulsó cuando nacía el caso D’Alessio en Dolores.

El apartamiento de Villena se da cuando había tomado la decisión más trascendente en la causa desde su inicio, en febrero pasado. La detención de 22 personas, entre ex agentes de la AFI y Susana Martinengo, ex funcionaria del gobierno. Los acusados comenzaron a ser indagados el miércoles, siguieron hasta ayer.

El apartamiento del juez lo habían solicitado Fernando Sicilia, abogado de Leandro Araque y Facundo Melo, y Alfredo Oliván, defensor de Jorge “Turco” Sáez. Los tres ex agentes fueron indagados ayer y continúan detenidos.

El planteamiento del apartamiento del Juez

La recusación fue planteada el 5 de junio. Justamente el día en que el juez Villena decidió citar como víctimas a la vicepresidenta Cristina Kirchner; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el ex presidente Eduardo Duhalde y los gremialistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo.

La investigación apunta a saber si desde el Estado Nacional se habría espiado a jueces, periodistas, religiosos, empresarios, gobernadores y hasta ex presidentes. Los datos los aportó un narcotraficante que confesó cómo un agente de la AFI le encargó llevar un paquete bomba a la casa de un ex funcionario.

Ha cambiado el juzgado pero no cambiará la política de acusación

El abogado de los dirigentes sindicales Hugo y Pablo Moyano, Daniel Llermanos, consideró  que “ha cambiado el juzgado pero no cambiará la política de acusación porque las pruebas están ahí”, en referencia a la decisión de la Cámara Federal de La Plata de apartar al juez federal Federico Villena de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri.

“Ha cambiado de juzgado pero no creo que cambie la política de acusación porque las pruebas están ahí”, dijo Llermanos en declaraciones a Radio 10 tras la decisión del la Cámara y agregó que el magistrado que entenderá en la causa, Juan Pablo Auge, se encuentra ante una “oportunidad histórica”.

“Creo que esta es una oportunidad histórica; nunca se desató semejante velo de los aparatos de inteligencia de la Argentina, y no creo que el juez vaya a desaprovechar esta oportunidad de descubrir este entramado”, subrayó el letrado, ex juez y miembro fundador de Iniciativa Justicia.

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También, dijo que las “pruebas están ahí” y que, como la fiscal Cecilia Incardona “no cambia”, no cree que “cambie la política de acusación”.

Por otra parte, Llermanos recordó que “era una posibilidad a la vista” que la causa pasara a otro juzgado “porque se había cuestionado el hecho de que Villena había firmado un par de escritos que habían sido solicitados por los investigados ahora en el marco de una causa por narcotráfico”.

“Se recusa porque hay una especie de temor de parcialidad”, explicó el abogado de Hugo y Pablo Moyano, tras remarcar que esto “no tiene que ver con una supuesta incompetencia del juez”.

Por otra parte, contó que presentó una acusación contra el periodista Luis Majul “en función, entre otras cosas, de lo que declaró Silvia Funes cuando dice que el material de la AFI, que era ilegalmente tomado, le había sido entregado con conocimiento de Majul”.

En este punto, sostuvo que “la cuestión constitucional de la protección de la fuente queda desnaturalizada por la propia fuente”.

“Yo entendí que estaba listo el camino para ir a pedir la indagatoria por el delito de encubrimiento agravado, que es cuando usted posee algo que sabe que es ilegal y lo usa en beneficio propio”, indicó Llermanos.