La Fiscal de Estado de Chaco, Cecilia Fernández Almendra, apeló ante la Cámara Civil y Comercial de Resistencia la resolución

Chaco: La fiscal de estado apeló ante la cámara por la Ley IVE

La Fiscal de Estado de Chaco, Cecilia Fernández Almendra, apeló ante la Cámara Civil y Comercial de Resistencia la resolución de la jueza Marta Aucar de Trotti, quien dejó sin efecto en todo el territorio provincial la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se informó de modo oficial.

Los fundamentos de la fiscal

Entre los argumentos para la apelación, la Fiscalía chaqueña presentó dos consideraciones: en la primera señaló “la incompetencia por razón de la persona y la materia, exponiendo que se trata de una ley consagrada por el Congreso de la Nación y que establece específicamente en su articulado que será el órgano de aplicación el Poder Ejecutivo Nacional”.

“la inexistencia del caso concreto, presupuesto necesario para el otorgamiento de la medida y la inexistencia de legitimación pasiva en la medida ya que la provincia de Chaco no puede ser demandada por la constitucionalidad de una ley de alcance federal”, agregó el comunicado.

Almendra, tras expresar el respeto a las creencias personales y religiosas de funcionarios y ciudadanos, sostuvo que “es necesario advertir respecto al cumplimiento estricto de los preceptos de la Constitución Nacional y Provincial y las leyes que reglamentan su ejercicio”.

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La fiscal además argumentó que un eventual debate judicial de la IVE “debe darse en la esfera nacional, no en la provincial, ya que tampoco se pueden plantear supuestos de inconstitucionalidad de una ley nacional en los juzgados ordinarios provinciales”.

La autoridad de aplicación

En ese sentido, el artículo 20° de la Ley 27.610 establece que la autoridad de aplicación es el Poder Ejecutivo Nacional y el artículo 21° estipula que la ley es de orden público.

El 28 de enero, la jueza Aucar de Trotti hizo lugar a una medida cautelar presentada por particulares que pidieron la suspensión en la provincia de la ley de IVE y solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la norma aprobada en el Congreso.

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Desde entonces, distintas organizaciones se manifestaron contra la medida y la magistrada incluso fue denunciada por prevaricato.