Amnistía Internacional condena el episodio y llama a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para investigar los hechos

Comunicado: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional condena el episodio y llama a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para investigar los hechos y en base a ello determinar las responsabilidades en el caso”, señaló la ONG en un comunicado.

El oficial inspector Esteban Ramírez, que pateó y mató a un hombre de 41 años, Jorge Martín Gómez, acusado de obstaculizar el tráfico, fue liberado el pasado miércoles por decisión de la jueza que le tomó declaración indagatoria, Yamile Bernán.

El derecho internacional estipula que el Estado sólo puede ejercer el uso de la fuerza “como último recurso y de manera excepcional”, y que deben garantizarse “las normas de proporcionalidad y necesidad en relación con la amenaza”, señaló Amnistía.

“Asimismo, el Estado debe asegurar que ante un supuesto uso arbitrario de la fuerza por parte de la Policía, se investigue en forma rigurosa y se castigue como delito”, exigió la institución.

Violencia policial

El caso tuvo mucha repercusión en Argentina y fue difundido el vídeo de una cámara de seguridad registró lo sucedido.

Las imágenes muestran cómo Gómez caminaba por una bicisenda en el barrio céntrico de San Cristóbal cuando varios policías salieron a su encuentro y lo interceptaron.

Uno de ellos le dio una patada en el pecho y el hombre, que no mostraba ninguna actitud amenazante, cayó hacia atrás de modo que su cabeza golpeó contra el asfalto.

Gómez, que fue denunciado por una mujer a través del número de emergencias por supuestamente entorpecer el tránsito de los automóviles, falleció en el hospital como consecuencia de una fractura de cráneo, según señaló una autopsia posterior.

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El comunicado de Amnistía Internacional

En su comunicado, Amnistía también repudió los dichos de la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, que salió en defensa del agente policial y que además reivindicó el uso de armas con descarga eléctrica, conocidas como Taser, y que fueron reglamentadas por su ministerio el año pasado.

También debe medirse con proporción “las amenazas existentes y en función de ello, dirimir las respuestas para garantizar que el uso de la fuerza sea siempre el último recurso y se implemente en proporción directa a dicha amenaza”, finalizó la ONG.

El Gobierno de Mauricio Macri cambió la doctrina con respecto a las fuerzas de seguridad después de que un policía local, Luis Chocobar disparase por la espalda y matara a un ladrón que acuchilló a un turista para robarle dos cámaras.

El Ejecutivo ha salido en defensa de los agentes policiales para invertir la carga de prueba a favor de los policías en caso de enfrentamientos.

Además, cambió la doctrina de seguridad para que las Fuerzas Armadas puedan realizar tareas asignadas a las fuerzas de seguridad, entre otras medidas cuestionadas por organismos de derechos humanos.

En enero, Bullrich lanzó el Programa Restituir con el fin de reponer en sus cargos a agentes policiales que fueron sobreseídos en causas judiciales.

En diciembre pasado, el Gobierno implementó un nuevo reglamento para las fuerzas de seguridad que autoriza a disparar a un sospechoso sin dar la voz de alto y sin que medie agresión directa previa.