Los jefes de los bloques que conforman el Senado y las autoridades de la Cámara alta definirán este martes si avanza el tratamiento del pedido de desafuero de la senadora y ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en una reunión en la que deberán ponerse de acuerdo en la interpretación del plazo de caducidad del pedido de la Justicia.

Cristina Fernández pidió ir a juicio oral y público

A través de un escrito presentado por su abogado, Carlos Beraldi, Cristina Fernández le pidió al juez federal Julián Ercolini elevar la causa a juicio oral y público. “Se eleven las actuaciones al Tribunal Oral previo sorteo de la práctica requiriendo desde ya que se me notifique de dicho acto a efectos de presenciar el mismo y poder controlar su legalidad”, sostuvo.

A su vez, cuestionó: “En la próxima instancia procesal se habrán de efectuar todos los planteos correspondientes con el propósito de lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho, se relatan en los requerimientos de elevación a juicio”.

La senadora está procesada por fraude en la obra pública y fue embargada en 10.000 millones de pesos. Además, hay otros 19 imputados que irán a juicio oral y público, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el detenido Carlos Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y el ex secretario de Obras Públicas, José López.

Podría interesarte también !!!  30 de septiembre:  Día del Guardabosque Nacional 

“Se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”, sostuvieron los fiscales en el requerimiento de juicio.

En ese sentido, aseguraron que se trató de una maniobra con una “estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial”.