El Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto 131/2022, la suba de retenciones al campo.

El rechazo del campo a la suba de las retenciones

El Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto 131/2022, la suba de retenciones al campo.

La misma se aplicará sobre el aceite y la harina de soja, que pasará de 31 a 33%. En este sentido, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, detalló que la medida será de carácter “temporario”, al tiempo que explicó cuáles serán las “11 empresas exportadoras” alcanzadas.

El alcance de las retenciones

Ellas son la canadiense Viterra (Oleaginosas Moreno), que exporta el 25% del total; la estadounidense Cargill, con el 14%; y Molinos Agro, con el 14%.

También con el 14% de la participación se ubica Aceitera General Deheza; seguida por el holding estatal chino Cofco (China National Cereals, Oil & Foodstuffs), con el 11%; la francesa Louis Dreyfus Commodities, con el 6%; y la estadounidense Bunge, con el 5%, según detalló NA.

Con el 5% de las exportaciones, también quedará comprendida en la medida la empresa Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA); YPF, con el 3%; Agricultores Federados Argentinos, con el 1%; la portuguesa Amaggi, con el 1%; otros, 1%. Respecto a éstas, Domínguez aseguró en conferencia de prensa que la decisión del Poder Ejecutivo “no afectará a los productores”.

En esta misma línea, mediante el Decreto 132/2022, se creó el “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino“, un fideicomiso de administración y financiero que tendrá el objetivo de “estabilizar el costo de la tonelada” de este cereal “que compran los molinos” a nivel nacional.

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El mismo se financiará con el dinero adicional que ingresará por el aumento de las retenciones a la harina y aceite de soja. Con la suba del 31 al 33% se va a subsidiar el precio de la bolsa de harina de 25 kilos que se comercializa a las panaderías.

Rechazos a la medida

Hasta el momento es unánime el rechazo de diversos sectores del campo y la agroindustria a las medidas anunciadas para contener el precio del pan. El principal argumento es que las mismas ya se aplicaron en otro momento y no resolvieron los problemas del consumidor, que siguió pagando precios altos por los alimentos, y derivó en una merma de la producción.

Las cuatro cadenas de valor agroindustriales señalaron en un comunicado su preocupación por el permanente cambio de las reglas de juego, “de forma inconsulta y unilateral por parte del Gobierno”.

Además, advirtieron que los impuestos a las exportaciones “conspiran contra la creación de empleo genuino y federal. Y aumentarlos es alejarnos de una solución perdurable”.

Frente a este panorama los integrantes de Maizar, Acsoja, Argentrigo y Acsoja, dijeron que “nuevamente estamos tropezando con la misma piedra. Como argentinos tenemos la obligación de opinar y proponer. Necesitamos reglas claras, certezas y estímulos. Más del 40% de nuestros compatriotas están por debajo de la línea de pobreza. La necesidad de creación de empleo genuino es imprescindible, y por este camino eso no sucederá”.

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La cadena de la soja

Lo mismo hizo la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) que salió a refutarla medida, en un comunicado donde manifestó que “toda la cadena de la soja se verá severamente afectada al castigar la capacidad de pago del principal comprador de soja del país”.

En esta línea, afirmó que “el Gobierno decidió subir alícuotas en productos procesados que no afectan el índice de inflación, pero deterioran las condiciones de producción, trabajo y exportación del primer complejo exportador nacional”.

Por último, la CIARA puntualizó: “Estos productos representan un tercio de las exportaciones totales de la Argentina y se encuentran en el primer y segundo lugar del ranking anual de ventas totales del país al mundo”. “Esta medida es una clara indicación que el gobierno desincentiva las exportaciones, y castiga el empleo industrial, particularmente de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”, concluyó.

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