El Poder Ejecutivo Nacional publicó, en el Boletín Oficial, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 335/2020 por el cual prorroga el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto ante la pandemia de coronavirus hasta el 26 de abril

Fernández anulo decreto de Macri sobre protección de testigos

Con el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, el programa vuelve al Ministerio de Justicia de Marcela Losardo, quedando específicamente bajo el control de la Subsecretaría de Política Criminal.

El decreto de necesidad y urgencia

El decreto de Macri transfería el programa al Poder Judicial, poniendo al frente del mismo al presidente de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques, pero inmediatamente cinco magistrados del organismo le enviaron una carta al funcionario y hombre de confianza de Cambiemos pronunciándose contra la transferencia y denunciando que en realidad no había ningún hecho que justificara un decreto de necesidad y urgencia como ese.

Ya entonces el presidente electo Alberto Fernández había anticipado su intención de anular el decreto, promesa que se cumplió. No es casual que se haya decidido avanzar precisamente en este punto luego de que este miércoles Fernández se sumara a las denuncias de su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra las estrategias de “lawfare” utilizadas por la gestión anterior para atacar a ex funcionarios, un mecanismo que combina persecución política y judicial con estigmatización mediática.

El programa de protección de testigos

Este jueves el Gobierno nacional publicó un decreto por el cual se anula el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el ex presidente Mauricio Macri en los últimos días de su mandato con el que transfería el Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia al Poder Judicial.

La polémica iniciativa tomada a doce días de abandonar el poder mostró la preocupación de la gestión anterior por alejar de los ojos de la nueva gestión un organismo desde el que se alimentaron numerosas causas contra ex funcionarios del kirchnerismo.

Nunca se concreto

A pesar del decreto macrista, la transferencia del programa nunca se concretó porque tampoco la Justicia manifestó mucho interés en hacerse cargo del problema de los testigos protegidos, especialmente en medio de los numerosos escándalos derivados de casos como los de Leonardo Fariña, José López, Oscar Centeno y Alejandro Vandenbroele.

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En el último caso, hace pocos días se supo que desde el Gobierno nacional se le pagó 1,5 millones de pesos para instalar un hotel boutique en Mendoza, como contraprestación por un testimonio que permitió encarcelar al ex vicepresidente Amado Boudou.