El juzgado que tramita el concurso preventivo del “Correo Argentino S.A.”, administrado por el Grupo Socma de la familia Macri, recibió cinco propuestas de “salvataje” de empresas y particulares para evitar su quiebra definitiva.

Intervienen el Correo Argentino y desplazamiento de sus directivos

La jueza Marta Cirulli dictaminó la intervención de Correo Argentino S.A, empresa controlada por el Grupo Macri, a su vez que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, ordenó la elevación de la causa a la Corte Suprema por supuestas anomalías en el acuerdo de pago de la deuda con el Estado.

Cirulli resolvió designar a un coadministrador del correo, que actualmente está en concurso de acreedores. La intervención, que por lo pronto durará 30 días, no desplazará al Directorio actual de la firma.

La función del Interventor

El interventor tendrá las facultades de “participar de las deliberaciones del órganos de administración, proponer al Directorio medidas para abaratar costos e informar cuáles son los pasivos post concursales”.

Casi al unísono, la Cámara Comercial envió al máximo tribunal un planteo que hizo la Procuración Nacional del Tesoro, en busca de tener más tiempo para decidir si acepta o rechaza una propuesta del correo en el marco del concurso de acreedores.

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La resolución de las Juezas

En la resolución, que lleva las firmas de las juezas María Gómez Alonso y Matilde Ballerini, se consideró que aunque la jurisprudencia del máximo tribunal “reiteradamente ha expresado que pese a que el remedio extraordinario federal resulta inadmisible cuando se halla en juego la interpretación de normas de carácter procesal, cabe realizar una excepción a dicha regla cuando lo decidido podría comprometer las instituciones básicas de la Nación y su patrimonio”.

A mediados de julio, la empresa de la familia del exPresidente de la Nación, presentó una propuesta de pago para sanear la deuda de 296 millones de pesos al Estado, pero la Procuración solicitó a la Justicia un plazo no menor a 120 días para pronunciarse al respecto.

La Cámara rechazó esa pretensión y el cuerpo de abogados insistió alegando la “gravedad institucional”, por lo cual el tribunal de alzada concedió el recurso.