Desde el Tribunal de Cuentas de la provincia y la Fiscalía de Estado pusieron su atención sobre los vuelos efectuados por el ex gobernador Sergio Urribarri durante su segundo mandato.

Investigan los vuelos del ex gobernador Urribarri

Desde el Tribunal de Cuentas de la provincia y la Fiscalía de Estado pusieron su atención sobre los vuelos efectuados por el ex gobernador Sergio Urribarri durante su segundo mandato. Se trata de cinco contrataciones directas con la firma Pacific Ocean SA, efectuadas entre los años 2012 y 2014.

En total el Poder Ejecutivo dispuso la contratación de 600 horas de vuelo y siempre lo hizo amparándose en una excepción prevista en la Ley de Contrataciones del Estado. Cada vez que se justificó el acuerdo se invocó el art. 27, apartado c) inciso b) Punto 1 del decreto 404, que en 1995 reglamentó las contrataciones en la provincia de Entre Ríos, reveló el programa televisivo “Cuestión de Fondo”, de Canal 9 Litoral.

La primera de esas contrataciones se dispuso a través del decreto 1182, fechado el 26 de abril de 2012 y publicado el 21 de agosto de ese año en el Boletín Oficial de la provincia.

Los vuelos de Urribarri

Urribarri emitía un decreto autorizando la contratación de horas de vuelo para trasladar al titular del Poder Ejecutivo y sus circunstanciales comitivas. En los papeles figuraba que el acuerdo se celebraba con Líneas Aéreas de Entre Ríos. Pero como la aerolínea estatal no tenía aviones disponibles, el servicio se terminaba tercerizando. Y era ahí cuando aparecía Pacific Ocean SA.

El primer contrato fue por 100 horas de vuelo y quedó registrado en el expediente 1.131.840/12. Apenas se confeccionaron 13 fojas y se pactó el pago de 3.024 dólares la hora: 302.400 pesos más IVA.

La segunda contratación se dispuso el 5 de octubre de 2012. Fue a través del decreto 3328/12 GOB, que se publicó el 20 de noviembre de ese año en el Boletín Oficial. Las actuaciones administrativas se plasmaron en el expediente 1.378.434/12, que con sólo siete fojas aprobó la contratación directa de 50 horas de vuelo. En ese caso se convino el pago de 3.024 o 3.400 dólares la hora según la aeronave que Pacific Ocean SA pusiera a disposición del gobierno entrerriano.

El decreto 167 fue emitido el 7 de febrero de 2013 y se publicó el 19 de marzo de ese año en el Boletín Oficial.

A partir de esa autorización de Urribarri se inició el expediente 1.413.005, que se conformó con 11 fojas y terminó con la autorización para contratar 150 horas de vuelo. En ese caso se convino el pago de 3.050 ó 3.400 dólares por hora de vuelo según la aeronave utilizada.

La cuarta contratación directa con Pacific Ocean fue por 150 horas de vuelo. Fue a través de un decreto firmado el 20 de febrero de 2014 y publicado el 9 de mayo de ese año en el Boletín Oficial. El trámite administrativo quedo asentado en el expediente 1.536.813/14, de apenas 14 fojas. En esa oportunidad la contratista resolvió ajustar su tarifa: cotizó entre 3.240 y 4.000 dólares la hora dependiendo de la aeronave utilizada.

La última contratación directa que se encuentra bajo la mira fue dispuesta el 26 de noviembre de 2014. Ese día Urribarri firmó el decreto 4.468, que recién se hizo público a través de la edición del Boletín Oficial del 5 de mayo de 2015. A Pacific Ocean SA se la contrató para brindar 150 horas de vuelo y en esa oportunidad la firma de taxis aéreos cotizó a razón de 3.240 dólares más IVA por cada hora de viaje. Las actuaciones administrativas se plasmaron en el expediente 1.635.299/14, que acumuló 16 fojas.

Se intenta determinar es si en este caso hubo perjuicio y quiénes pudieron haber estado implicados. A eso se suma que el 15 de enero de 2015 el ex interventor de LAER, Gualberto Salcerini, solicitó un refuerzo de 1.610.130,72 pesos para afrontar el pago de facturas adeudadas a Pacific Ocean, que mediante carta documento había requerido que se saldaran los servicios que había prestado en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014.

Pero no sólo se limitó a trasladar a Urribarri y sus comitivas a partir de las contrataciones directas que por decreto se otorgaban a LAER. Finalmente terminó siendo la única empresa que se presentó a la licitación pública convocada para brindar los servicios de traslados aéreos del ex gobernador.

La adjudicación se dispuso el 11 de marzo de 2015 a través del decreto 410/15 GOB y el contrato venció sobre el final del primer año de mandato del ex gobernador Gustavo Bordet. En tanto, a través de 11 órdenes de pagos emitidas por la Tesorería General de la provincia, Pacific Ocen SA percibió 5.172.338,39 pesos entre mayo de 2015 y enero de 2016.

Y si bien no pudo revalidar su título durante la gestión de Bordet, que llamó a una nueva licitación pública y adjudicó el servicio a Baires Fly, el nombre de Pacific Ocean sigue dando vueltas: en el balance de LAER correspondiente al ejercicio 2014 figura con una acreencia por 1.703.974,35 pesos. Y hasta ahora no hay noticias de que haya promovido una demanda para reclamar ese monto

En medio de ello fue prorrogada la concesión del aeropuerto de El Calafate, siendo el más caro del país. Cada pasajero que aterrice o despegue de la estación patagónica tendrá que pagar una tasa que es el doble de la que se paga en la gran mayoría de los aeropuertos de país.

Al menos eso surge de la negociación entre el gobierno provincial y la empresa London Supply, la concesionaria de la estación que acaba de renegociar su contrato. Según lo que surge de un decreto provincial y de una resolución del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), el gobierno que conduce Alicia Kichner le extendió la concesión de la explotación de la estación por cinco años más; pasó de tener fecha de vencimiento en 2025 a expirar en 2030.

A cambio hubo algunos cambios. Mientras las tasas aeroportuarias en la gran mayoría de los aeropuertos importantes del país se cobran para los vuelos internos 74,33 pesos por cada pasajero, para los que pasen por El Calafate habrá que desembolsar 170 pesos más IVA. Hasta ahora, esa tasa estaba en 62 pesos.

Hay que aclarar que la colecta se realiza igualmente en todos los aeropuertos del país sólo que en este sería más importante. El resultado de lo recaudado tendrá dos destinos. Por un lado, pagar un canon a la provincia que, en este caso, será de 15 pesos por pasajero. El resto, además de remunerar al concesionario, realizar un plan de obras.

En la Argentina, la gran mayoría de los aeropuertos pasaron a la Nación para ser privatizados en conjunto en los años ’90. Sin embargo, las provincias tenían la posibilidad de mantener la jurisdicción sobre la estación aérea. El de El Calafate fue de los que no pasó a la Nación. Sin embargo, también tiene que pasar por la aprobación del Orsna. Ese requisito ya se cumplió el 10 de abril cuando se aprobó el acta de directorio 4-18.

El sistema actual está basado en el pago de una tasa de uso de la aeroestación de 74,33 pesos para los vuelos de cabotaje, 25,16 dólares para los regionales y de 49 para los internacionales. Además, se pagan 20 pesos por seguridad aeroportuaria (10 dólares los internacionales y 4,42 los vuelos de la región) y 10 y seis dólares respectivamente por servicio de aduanas y migraciones.

Los pagos se basan en una teoría que domina el sistema local: que los usuarios paguen por los servicios y la infraestructura. A diferencia de lo que pasa con otros servicios públicos, cuyo financiamiento sale de rentas generales, en este caso paga el que usa.

London Supply es una empresa de la familia Taratuty, que comanda Eduardo, conocido como “Teddy”. Además del aeropuerto de El Calafate, el grupo tiene el de Trelew y el de Ushuaia. Además de los aeropuertos, manejan la estación de barcos Puerto Pañuelo en Bariloche, y varios duty free en Ushuaia, Río Grande y Puerto Iguazú.

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