La decisión del Gobierno nacional de descongelar las tarifas energéticas para empresas de alto consumo provocó el alerta en todo el arco industrial

La industria molesta por el incremento en las tarifas

La decisión del Gobierno nacional de descongelar las tarifas energéticas para empresas de alto consumo provocó el alerta en todo el arco industrial y recalentó el clima en los sectores productivos que habían mostrado signos de vitalidad luego de un año de crisis pandémica.

Los empresarios advirtieron que la casi duplicación de los costos presionará sobre precios, disparará las expectativas inflacionarias y le restará competitividad a las fábricas exportadoras.

La sorpresa de las 6.200 empresas

Sucede que el 80% de las casi 6.200 empresas que estarán alcanzadas por la quita de subsidios son fábricas industriales, según estimaron fuentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) consultadas por BAE Negocios. Allí reinaba ayer la sorpresa porque se enteraron de la decisión del secretario de Energía, Darío Martínez“por los medios”.

“Es una muy mala señal que en medio de un llamado al diálogo a través del Consejo Económico y social, y del acuerdo de precios y salarios, se tomen medidas sin consenso y sin tener en cuenta la gradualidad necesaria para poder adaptar los esquemas de costos sin afectar los precios al consumidor”, afirmó una fuente de la centra fabril.

La novedad fue presentada en la reunión de Comité Ejecutivo que la UIA , pero quedó previsto la confección de un informe completo ante la falta de detalles sobre la medida del Gobierno. “Nos tomó por sorpresa, pero ya comenzaremos a gestionar una reunión con el ministro (Martín) Guzmán así hablamos del tema”, le confió a este diario uno de los conductores de la central fabril.

Según las fuentes consultadas, la entidad fabril está “de acuerdo” en la necesidad de reducir el déficit fiscal y en la actualización de los precios congelados, pero aclararon que “un impacto tan fuerte en los costos se deberá absorber con pérdida de rentabilidad, que al estar muy afectada por la crisis, no tendrá más remedio que trasladar a precios finales, que implica mayores costos para la cadena productiva o directamente para el consumidor”.

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“Son factores que afectan la competitvidad de las exportadoras. Y si bien no afecta a las pequeñas industrias, hay muchas medianas que tienen consumo intensivo de energía y que serán castigadas por esta medida”, se quejó otra fuente consultada.

Sin embargo, los dirigentes de primera línea evitaron confrontar con el Gobierno y adelantaron que buscarán el diálogo con los funcionarios. “Hay ruido político, pero se buscarán los consensos porque el canal está abierto”, admitió un integrante de la conducción.

La propuesta de las pymes

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, evitó tomar una posición definitiva sobre la medida del Gobierno en materia energética, pero propuso “abrir un diálogo con la petrolera estatal YPF para que pueda ser proveedora de energía para las pymes a un costo competitivo y evitar la generación de expectativas inflacionarias”.

“Creemos que podemos llegar a un acuerdo a nivel nacional para que el sector pyme no se vea perjudicado ante el aumento de la energía. Creemos que hay que sostener la economía con un control de precios en toda la cadena productiva porque las fábricas compramos en dólares y vendemos en pesos”, afirmó Rosato, en declaraciones a BAE Negocios.

La palabra oficial sobre las tarifas

Según el Gobierno, los afectados serán 2.900 usuarios de más de 300 Kv diarios, “los que pasarán a pagar el mismo precio de la energía eléctrica que el resto de las empresas y comercios de acuerdo a su tamaño y consumo de electricidad”.

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De la normativa se desprende que los Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) con Demandas Mayores a 300 kw, se produce “una situación inequitativa y desigual respecto a los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista ya que estos últimos afrontan costos mayores por el suministro, por lo cual resulta oportuno adecuar el precio estacional”.

Se consideró necesaria “la reagrupación de las categorías de usuarios en Residenciales, Demandas Menores a 300 kW No Residencial; y Demandas Mayores a 300 kW –GUDI–; como así también, a los efectos de un adecuado direccionamiento de los subsidios a la tarifa de los usuarios, los volúmenes de energía eléctrica adquiridos”.

“Adicionalmente resulta necesario subdividir la categoría Demandas Mayores a 300 kW –GUDI– en los subgrupos: General y Organismos y Entes Públicos que presten los Servicios Públicos de Salud y Educación”, se especificó de acuerdo a la nueva normativa que en los próximos días será publicada en el Boletín Oficial.

En esta diferenciación se excluyen expresamente a las instituciones públicas que prestan servicios de Salud y Educación de los tres niveles del Estado, las que seguirán con la tarifa subsidiada.

Martínez dijo que “se tomó esta medida para remediar inequidades que provocaban distorsiones en el costo de la electricidad entre empresas de similares tamaños y actividades”.

El secretario también expresó que “se mantuvo expresamente a escuelas, hospitales y universidades públicas dentro de la tarifa subsidiada, otorgándole el tratamiento diferencial que les corresponde por la jerarquía e importancia social de la actividad que desarrollan”.

Finalmente, Martínez sostuvo que “si bien es difícil calcularlo, ya que depende del nivel de recuperación de la actividad y del consumo, este tipo de correcciones nos permitirán generar un importante ahorro fiscal”.