La jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez dictó el procesamiento a seis altos mandos de la Armada Argentina por el hundimiento del ARA San Juan 

La justicia procesó a seis funcionarios de la Armada por el hundimiento del Ara San Juan

La jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez dictó el procesamiento a seis altos mandos de la Armada Argentina por el hundimiento del ARA San Juan  y el sobreseimiento a un séptimo marino y rechazó investigar al ex presidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, en la causa por el hundimiento del submarino Ara San Juan con 44 tripulantes a bordo.

Delito de estrago culposo

En un escrito de 619 páginas y que está fechado el 31 de enero, Yáñez les imputó el delito de “estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso de idea” a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

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También los acusó -por el hundimiento ocurrido en noviembre del 2017- de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio, y les trabó embargos que van entre los 2 millones a los 3.5 millones de pesos.

Yañez, en tanto, sobreseyó a José Marti Garro, ex jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento.

La jueza de Caleta Olivia rechazó investigar al ex presidente Macri, al ex ministro Aguad y al entonces jefe de la Armada, vicealmirante Marcelo Srur, como había sido solicitado por las querellas.

El sobreseimiento a Macri y Aguad

En el caso del ex presidente, consideró que la función de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas que ejercía “no es de naturaleza técnico-militar, pues esta es ejercida por su grupo de profesionales idóneos”.

Evaluó que en tal función Macri no tenía la obligación de ejercer funciones operativas, que estaban delegadas en funcionarios menores y particularmente en militares adiestrados y capacitados en la materia del arma submarina, y a idéntica conclusión arribó en el caso de Aguad.

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