Los documentos hablan sobre la articulación represiva para asesinar a opositores en diferentes países. Pruebas que reflejan el funcionamiento de la Operación Cóndor. 

Operación Cóndor: documentos inéditos

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Los documentos hablan sobre la articulación represiva para asesinar a opositores en diferentes países. Pruebas que reflejan el funcionamiento de la Operación Cóndor. 

Papeles con escritos de inteligencia que transmiten acciones criminales sistemáticas. Los propios encargados de desclasificar los documentos consideran al contenido aterrador, y recuerdan que las autoridades de Estados Unidos en aquel momento recibían buena parte de ese volumen de información, prácticamente, en el mismo momento en que ocurrían los hechos.

Si bien los documentos desclasificados han sido claves para reconstruir la historia del Plan Cóndor, faltan muchísimas piezas por armar dado que los documentos claves continúan aún bajo siete llaves en los archivos de inteligencia que cuidadosamente los yankys han decidido no desclasificar.

El acceso al material secreto, que las administraciones yankys han decidido desclasificar, permite conocer -en parte- aspectos del funcionamiento diario de los centros clandestinos de tortura. No en vano, los archivos desclasificados documentan las quejas realizadas por ciertas autoridades yankys, intentando destacar que en muchos casos ellos salvaron vidas, aunque también realizaron inferencias ilícitas sobre el papel cumplido por los diferentes gobiernos del país en aquellos años, a través de sus agencias de inteligencia, en la estructuración y operación logística de la actividad represiva ilegal.

Después de la primera gran desclasificación y entrega de documentos en el año 2002, vino una segunda tanda, prometidas por el ex presidente Barack Obama en su visita a Argentina (2016). Esta última fue realizada oficialmente durante la administración Trump. El último envío de documentos desclasigicados se concretó el 12 de abril, e incluye 43 mil nuevas hojas.

Así como en desclasificaciones anteriores, centradas en el intercambio comunicacional entre el Departamento de Estado yanky y su embajada en Buenos Aires, las de ahora incluyen comunicaciones de inteligencia preparadas por la CIA, el FBI y el Ministerio de Defensa, entre otros organismos.

Son muchos los documentos que permiten hacer proyecciones, reconstruir tipos de funcionamiento y coordinaciones y establecer jerarquías. Una parte importante de la documentación desclasificada posibilita conocer las circunstancias concretas en las que la presión de Estados Unidos logró que la dictadura cediera a sus peticiones, sea para la liberación de un secuestrado o detenido, sea para la obtención de un información específica, o una estructura de funcionamiento e interlocución a través de la cual se abrió la canalización de solicitudes de informes presentados por los gobiernos extranjeros u organismos multilaterales. Simultáneamente, en los mismos documentos, se advierte también sobre el tipo de información ultrasecreta que circulaba.

Contar, tantos años después, con el contenido de esos testimonios y de conversaciones mantenidas entre altos responsables de los dos países, facilita el trabajo de intentar entender cómo funcionó el sistema de decisiones que produjeron esos hechos aberrantes, muchos de los cuales, históricamente, venían siendo negados. La transcripción de tales conversaciones, muchas veces textuales, con sus argumentos, aceptaciones y negaciones, cruzadas con la evolución que tuvieron esos mismos hechos que conocemos a partir del relato de las víctimas o de sus familiares, posee un inestimable valor para la Justicia, y sirve como ejercicio de memoria en la reconstrucción histórica que realizan familiares, investigadores, periodistas y especialistas en estudios sobre violaciones a los Derechos Humanos.

Actualmente, se acumulan aproximadamente 59 mil hojas de documentos secretos relacionados a la Argentina, que el gobierno de Estados Unidos hizo públicos. El término “aproximadamente” se emplea en este caso, porque está comprobada la existencia de una importante cantidad de documentos repetidos entre las primeras 16 mil hojas entregadas en diferentes descalificaciones ocurridas entre 2002 y 2017, y porque llevará tiempo procesar las 43 mil hojas de la última entrega.

Como ejemplo del tipo de información que se puede encontrar, y con el objetivo de facilitar la comprensión de los hechos que se revelan, reseñaremos algunas historias que fueron reconstruidas a partir de la información que surge dispersa entre los miles de documentos de las primeras 16 mil hojas desclasificadas.

Pero antes de reseñar estas historias, quicieramos hacer una contextualizacion respecto del imperialismo norteamericano y el papel clave que jugó en el armado de la coordinadora represiva que operó sobre Sudamérica durante la década de los 70 y comienzos de los 80.

El rol de Estados Unidos en el Plan Cóndor

En diciembre de 1992, en Asuncion del Paraguay, se encontraron más de 700.000 piezas documentales –escritos, fotografías, casettes; algunos enterrados bajo tierra– que demostraron la existencia de una coordinadora represiva que secuestraba, torturaba, asesinaba y desaparecía opositores en todo el Cono Sur, durante la década del 70 y comienzos de los 80, actuando con total impunidad y garantía de los estados que la formaban.

Estos documentos, que pasaron a la historia como los “Archivos de terror”, también permitieron determinar el rol clave que jugó Estados Unidos en el armado político de las dictaduras sudamericanas y particularmente en el diseño de este plan siniestro conocido internacionalmente como Plan Cóndor.

El gobierno norteamericano y la CIA influenciaron ideológica, técnica y financieramente sobre todas las fuerzas armadas y policiales de los países integrantes del Plan Cóndor. La mayoría de los oficiales que comandaron las dictaduras militares en Sudamérica (y Latinoamérica en general) y que dirigieron el aparato represivo del Plan Cóndor, habían estudiado en escuelas militares estadounidenses desde las más prestigiosas ubicadas dentro de su territorio hasta la Escuela de las Américas en Panamá donde iban por tres meses la mayoría de los cuadros medios de los ejércitos. Todos se formaron bajo los preceptos de la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por el gobierno norteamericano para enfrentar la “amenaza comunista internacional” que, a diferencia de los ejércitos convencionales, era un enemigo que operaba dentro del territorio nacional afectando su seguridad interna.

Su intervención política en los países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX fue a través del apoyo y el financiamiento de todos los golpes militares. Dentro de este marco general puede entenderse su rol en el armado del Plan Cóndor, creando una estructura represiva que traspasaba los límites territoriales nacionales y operaba en secuestros y detenciones coordinados por fuerzas de inteligencia conjunta. Argentina fue uno de los países donde más operaciones realizó el Cóndor. Incluso es el único país donde la coordinadora represiva empezó a intervenir mientras todavía funcionaba un gobierno constitucional. Hay documentos desclasificados de la CIA que certifican sobre una reunión de seguridad con cinco de los seis miembros del sistema Cóndor en Buenos Aires en febrero de 1974, es decir, durante la presidencia de Perón.

También en septiembre de ese año miembros de la DINA, la SIDE, la Triple A y el agente chileno de la CIA Michel Townley planearon el asesinato del ex jefe militar de Chile durante el gobierno de Salvador Allende, el General Carlos Prats quién murió junto a su esposa luego de que una bomba explotara en su automóvil en el barrio porteño de Belgrano. Claro que con la llegada de la dictadura los operativos conjuntos crecieron exponencialmente. El CCD Automotores Orletti se transformó en la base de operaciones del Plan Cóndor en territorio local. Otra de las sedes argentinas directamente ligadas al Cóndor fue el Batallón 601 de Inteligencia, otra de las instituciones que tuvieron numerosos alumnos en escuelas de la CIA y las escuelas de inteligencia.

Los yankys no solo organizaron los encuentros tras bambalinas sino que la CIA fue la encargada de suministrar equipos de tortura eléctrica a brasileños y argentinos, y ofreció asesoramiento sobre el grado de shock que el cuerpo humano puede resistir. Los agentes de seguridad latinoamericanos también recibieron entrenamiento de la CIA para la fabricación de bombas en la sede de la oficina de Seguridad Publica del Departamento de Estado de Texas. La central norteamericana brindó además la tecnología más avanzada de la época en materia de inteligencia. De esta forma usaron el sistema de comunicación protegido Télex, al menos desde 1976.

El l Plan Cóndor no solo intervino en territorio sudamericano sino que se conocieron operativos en Europa, particularmente en Roma y París, entre 1975 y 1976 que están muy bien desarrollados en el libro de Stella Calloni: El plan Cóndor. Pacto criminal. También se produjeron atentados en Washington, el centro político del imperio. Allí fue asesinado el político socialista y ex funcionario del gobierno de Allende, Orlando Letelier. En ese momento, el jefe de la CIA era George Bush (padre) y el secretario de Estado era Henry Kissinger, ambos expuestos en los documentos desclasificados como colaboradores acérrimos de las dictaduras y de sus redes de inteligencia.

Por último, si consideramos al Plan Cóndor como parte intrínseca del aparato represivo para-estatal desplegado en todo el Cono Sur, y la posterior extensión de sus métodos a Centroamérica, tomemos el número de víctimas brindado por Stella Calloni que incluye tanto asesinados, detenidos y torturados y que alcanza a cerca de 400.000 personas. El número no sorprende porque expresa la brutalidad imperialista desplegada sobre el continente para terminar con el ascenso revolucionario en su área de influencia.

Detalles sobre las desapariciones en Argentina

Realizado este marco contextual, el que nos da una aproximación del rol protagónico llevado adelante en las décadas de los 70′ y 80′ por los yankys y que explica el por qué han desclasificado ciertos documentos secretos, pero otros no, avancemos ahora sobre los primeros documentos que detallan hechos y circunstancias políticas que se vivieron durante el año 1975. Varios de los telegramas y cables muestran cuán informados estaban los yankys sobre la inminencia del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Breves reportes diarios fueron emitidos por la CIA, entre el 27 de febrero y el 27 de marzo. El 11 de marzo de ese año, anunciaron al entonces presidente Gerald Ford sobre el derrocamiento de Isabel de Perón. Se informó sobre el viaje a Washington de un oficial del Ejército argentino, con el objetivo de entrar en contacto con los medios de prensa para anticipar los hechos que sucedieron. Los últimos, documentos tienen relación con la época en que la democracia fue restituida en el país, describiendo las circunstancias, hechos y personas que la ponían en peligro.

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La Operación Cóndor

Reveladores documentos agregan, nueva y abundante información sobre la activa coordinación de los servicios de inteligencia y seguridad que integraron la Operación Cóndor. Por ejemplo, un documento de 22 de julio de 1976 relata que “bajo el nombre/código de Cóndor, varios países acordaron iniciar acciones operativas en Francia, con el objetivo de liquidar terroristas latinoamericanos”. Veinte días más tarde, otro documento muestra que, a pesar del acuerdo entre Argentina, Uruguay y Chile para iniciar operaciones en terceros países, la medida quedó suspendida hasta que Brasil definió su posición y también se integrara a las operaciones.

Pocos meses más tarde el ex secretario de Estado Henry Kissinger envió instrucciones precisas a su embajador en Buenos Aires, a través de un telegrama secreto bajo el título de “Operación Cóndor”. El 23 de agosto de 1976, Kissinger pidió al embajador Robert Hill que hablara con el dictador argentino Videla y le dijera que Estados Unidos se encontraba preparado para intercambiar información sobre la “actividad terrorista” en cualquier lugar del mundo. El telegrama secreto, contiene también instrucciones concretas para sus representaciones en Santiago de Chile, Asunción, La Paz y Montevideo. En el último párrafo, llama la atención el hecho de que Kissinger alertar a sus embajadores que “en ningún caso, una agencia estadounidense, puede apuntar a individuos para que sean asesinados”.

Es necesario tener en cuenta que, en aquellos años, el terrorismo de Estado transformó (especialmente) la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires en un infierno. Poco después de que Kissinger envió el mencionado telegrama, el ex presidente de Bolivia, Juan José Torres, fue secuestrado -tras cortarse el pelo-, mientras regresaba al domicilio donde vivía, en la Capital Federal, y apareció asesinado días más tarde en la localidad de San Andrés de Giles.

En mayo de 1976, habían sido secuestrados los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en pleno centro de Buenos Aires. Eran refugiados, y aparecieron asesinados varios días después. Por su parte, decenas de refugiados uruguayos, chilenos y brasileños, eran secuestrados y se encontraban desaparecidos. El propio embajador Hill cuenta que “elementos de seguridad del gobierno argentino pueden estar involucrados en los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz y Torres”, y que, aunque la embajada no cuente con evidencias concluyentes, hay que considerar las circunstancias. Finalmente, añade que “los secuestradores de Gutiérrez Ruiz estuvieron durante una hora en la casa de la víctima, y ​​no hicieron ningún esfuerzo por ocultarse, y la esposa de Michelini no quiso denunciar el secuestro de su marido cuando se presentó a la policía”.

No había pasado ni un mes, después de las instrucciones precisas enviadas por Kissinger en su telegrama de la “Operación Cóndor”, cuando el 21 de septiembre de 1976, una bomba colocada bajo el carro de Orlando Letelier, en la ciudad de Washington, sesgaron su vida y la de su secretaria. Letelier fue canciller del presidente chileno Salvador Allende, y fue asesinado por el conocido agente de la CIA Michael Townley, que también cumplía órdenes del gobierno de Pinochet. Townley fue, años después, interrogado en Estados Unidos y afirmó haber construido, instalado y detonado la bomba, y a cambio de estas confesiones obtuvo los privilegios otorgados por el servicio de protección de testigos. También asumió ser el autor (junto con su esposa, la chilena Mariana Callejas) de los asesinatos de las primeras víctimas de lo que sería: una verdadera internacional del terror.

El secuestro de la ciudadana estadounidense Patricia Erb

En el plano de la relación bilateral entre Argentina y los yankys, debemos destacar que son muchísimas las hojas que transcriben con insistencia las quejas de ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados o que se encontraban presos. También hay una gran cantidad de solicitudes de averiguación por parte de ciudadanos argentinos, uruguayos y chilenos, en iguales circunstancias. Muchas de ellas fueron tramitadas por inquietud de los legisladores estadounidenses, en comunicaciones dirigidas al Departamento de Estado. De allí, las solicitudes eran enviadas a la embajada en Buenos Aires, que las canalizaba a la cancillería argentina, que primero creó una “unidad de trabajo”, y luego una “comisión”, centralizando la recepción de los pedidos y la emisión de respuestas.

Conforme se leen los telegramas, es posible revivir las incertidumbres y reconstruir los mecanismos internos y externos de la relación establecida por la dictadura, y sobre todo, realizar un ejercicio de memoria, ya que abundan datos, algunos de ellos poco conocidos, sobre cómo se practicaba el terrorismo de Estado. En la larga lista de personas con las que el gobierno norteamericano se interesó y reclamó de forma categórica, figura un caso que llama poderosamente la atención.

El pastor de la Iglesia Menonita, John Erb, oriundo de Minnesota, residente en Argentina desde el año 1958, se presentó a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires el 14 de septiembre de 1976, a las 4 de la tarde, para denunciar que su hija Patricia Ana había sido secuestrada en su casa, la noche anterior. Contó que Patricia militaba en la Juventud Guevarista de la Universidad de Buenos Aires.

Los funcionarios de la embajada comenzaron a averiguar: la comisaría del barrio dijo que no estaba con ella, y luego un alto funcionario de la Policía Federal informó que estaba a merced del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). El día 15, una alta fuente del SIE dijo que comprobó sobre su presencia y no la encontró. El mismo día, el director de la cárcel de Devoto informó que ella tampoco estaba allí.

El señor Erb advirtió que estaba pensando en convocar una rueda de prensa. La embajada aconsejó en contra del informe sobre el caso a la agencia de noticias Associated Press, y envió un telegrama que no se publicó en Argentina, sino en el extranjero.

El día 17, el embajador presentó una nota a la cancillería argentina, manifestando su preocupación por la seguridad y el bienestar de Patricia. El mismo día, informó en un cable diplomático al Departamento de Estado que el capellán militar confesó en una entrevista personal que muchos militares confesaban que “no pueden dormir de noche a causa de las torturas que aplican a sus secuestrados durante el día”.

Una nota de la cancillería argentina con fecha de 20 de septiembre acusa recibo de la nota presentada por el embajador y dice que se está averiguando el paradero de Patricia. En ese día, el señor Erb grabó una entrevista con el canal CBS, en la que acusó a la policía. El día 21, el embajador llamó a Videla por teléfono y luego se dirigió a la Casa Rosada. Estuvo una hora y media conversando. Videla contó que Patricia estaba siendo buscada, y que “cuando la encontremos, si es que la encontraremos, será expulsada del país”.

El embajador envió otro telegrama a Washington, en el que relató oficialmente sobre el secuestro de Patricia Erb a las siguientes autoridades: al dictador Jorge Rafael Videla, al canciller Oscar Montes, al ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, al jefe de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a varios miembros de la SIDE (Servicio de Información del Estado) y también a los jefes de policía de varias otras provincias. En el telegrama, el embajador recomienda no publicitar acusaciones de complicidad oficial, ya que pondrían en riesgo la vida de Patricia.

Finalmente, un telegrama enviado a Washington el 29 de septiembre, firmado por el embajador Hill, cuenta que el día anterior, a las 13h, un funcionario de la cancillería argentina se comunicó para informar que Patricia Erb se encontraba con vida y que podría ser visitada por el cónsul. Todo lo que Patricia contó al cónsul esa tarde en el telegrama se encuentra censurado, no fue posible leer. Otro telegrama, con fecha del 5 de octubre, informa que “Patricia Erb tomó un avión a Estados Unidos, en el día de hoy, a las 18:45”.

Una vez fuera de Argentina, se descubrió la verdad: Patricia contó que fue llevada a un centro clandestino de detención, ubicado en Campo de Mayo, donde vivió el horror, y que en el mismo lugar también estaba secuestrado, entre muchos otros, el conocido dirigente del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), Domingo Mena. También relató que, varios días antes de ser liberada, percibió que las acciones de su padre podrían estar influenciando en el tratamiento que ella recibía, ya que los guardias cambiaron su comportamiento con ella. A partir de allí, y suponiendo que podría obtener su libertad, comenzó a memorizar todo. Una semana antes de ser liberada, fue trasladada a una comisaría cercana a Campo de Mayo, en la localidad de Bella Vista, donde fue visitada por el cónsul.

Patricia declaró que todavía siente las heridas y las cicatrices que quedaron abiertas, y que quería compartir la experiencia vivida “no sólo porque servirá para comprender mejor lo que ocurrió, sino que también eso permitirá conservar la dignidad humana cuando tenga que narrar el horror. Mi historia es la historia de muchos que no la pueden contar, porque fueron exterminados, y ese es el valor real de lo que yo cuento: escuchar, a través de mi voz, la voz de los desaparecidos “.

El secuestro de familiares y religiosas francesas

Otro caso de represión que se puede observar en una serie de documentos altamente significativos, es el del secuestro de los familiares reunidos en la Iglesia de Santa Cruz en Buenos Aires el 8 de diciembre de 1977. El día 12 del mismo mes llegó un mensaje a la embajada estadounidense en Buenos Aires, emitida por el Departamento de Estado en Washington, que decía que fue advertido sobre la detención de entre 15 y 20 personas reunidas en el lugar, con el objetivo de “encontrar un método para obtener información sobre sus familiares desaparecidos”. La embajada respondió enviando una lista con los nombres de personas secuestradas en la iglesia, y otras que fueron capturadas en sus domicilios, en días posteriores. Por su parte, informó que esa misma noche el embajador se encontraría con el jefe de la Marina, almirante Emilio Eduardo Massera.

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En la primera lista enviada está el nombre de Gustavo Niño, descrito como “secuestrado”. En realidad, se trataba del pseudónimo utilizado por el ex capitán de la Marina, Alfredo Astíz, lo que se supo tiempos después. El día 13 llegó a Washington una nueva lista, con los nombres de 13 personas, y que fue enviada por el Consejo Mundial de Iglesias, cuya sede está en Ginebra, y en la que ya no se veía el nombre de Gustavo Niño, la suposición de que fue quien actuó como infiltrado y delator.

El nuevo embajador de Estados Unidos, Raúl Castro, informó que le preguntó a Massera sobre lo que había sucedido, y éste respondió que no sabía nada, que supo del caso en ese mismo momento a través de él, y luego dijo que: “Todo es muy confuso”. Castro cuenta que también habló del tema con el general Roberto Viola, y el ministro Martínez de Hoz.

El día 17, llegaron a Washington los capitanes de la Marina Joaquín Gómez y Enrique Montemayor. Se reunieron en el Hotel Plaza Dupont, a las 16h, con el funcionario del Departamento de Estado, Richard Feinberg. Los capitanes -cuenta Feinberg en un memorando secreto, enviado el mismo día- hablaron sobre “la necesidad de un cuarto hombre que le dé al gobierno argentino la unidad y dirección que necesita”. “Mostraron a Videla -cuenta Feinberg- como una persona incapaz de liderar, y advirtieron sobre las consecuencias de un posible vacío de poder, que podría conducir a una especie de caudillismo, y se refirieron explícitamente a los generales Menéndez y Suárez Mason.

“Los capitanes reportaron que Massera, de quien son subordinados, propuso en la Junta una lista de presos políticos a liberar, pero que los comandantes regionales se negaron. Esto demuestra la incapacidad de Videla para imponer su voluntad. Al preguntar a los capitanes sobre las recientes desapariciones de familiares de desaparecidos, opinaron que “varios de ellos eran miembros del movimiento trotskista marxista leninista”.

“Los capitanes reconocieron que Argentina nunca fue muy pro Estados Unidos, pero sugirieron que era posible mejorar las relaciones, y que Massera podría realizar esa mejora”. Finalmente, dijeron ser defensores de la democracia, pero aseguraron que la sociedad argentina necesitaba ser reestructurada, y con respecto a la legislación laboral, que se encontraba suspendida, respondieron que los sindicatos debían ser despolitizados.

El día 19, el funcionario de la embajada en Buenos Aires, RJ Kelly escribió un memorando dirigido al “ministro/embajador”, en el que transcribe la conversación que tuvo con una persona a la que no cita el nombre, pero que identifica como “un miembro de las fuerzas de seguridad, que estuvo involucrado en la lucha anti-subversiva en los últimos 5 años “. Y agrega que “la fuente tiene un pasado de credibilidad y conocimiento, relacionado al Ejército y a las fuerzas federales de seguridad que actúan en el Gran Buenos Aires”. El informante cuenta que, según su conocimiento, “el Ejército no tiene responsabilidad en el secuestro de las Madres de la Plaza de Mayo, o en el de las dos monjas francesas”. Después, agrega que “ellas fueron secuestradas por la Marina, o por las fuerzas montoneras” (…) la explicación más realista es la de que fueron víctimas de las ambiciones del almirante Massera.

El día 20, en un cable diplomático emitido por la embajada, dirigido al Departamento de Estado, con copia a cinco embajadas del Cono Sur, se dice que “durante el fin de semana, las autoridades argentinas realizaron dos dramáticos anuncios relacionados con las desapariciones (…) un comunicado con palabras cuidadas repudió las versiones que envuelven al gobierno y acusó a la subversión nihilista por las desapariciones (…) al día siguiente, el primer cuerpo de Ejército emitió un comunicado en el que informaba que la organización Montoneros asumía la responsabilidad del secuestro de las dos monjas francesas, y afirman que, para soltarlas, exigían la libertad de 21 presos políticos (la lista con los 21 nombres venía anexada).

El 16 de enero de 1978, dos oficiales de inteligencia contratados por la firma Coca-Cola de Argentina, contaron a su presidente, el señor Ornstein, que “sus colegas capturaron a las monjas porque estaban cansados ​​de las medidas moderadas”, y que la “congregación a la que pertenecen es de izquierda. Así lo describe el cónsul de Estados Unidos, Goodwin Shapiro, en su “memorando sobre la conversación” que mantuvo con Ornstein durante un almuerzo en el American Club. El presidente de Coca-Cola confesó a Shapiro, que uno de sus empleados, que tenía una hermana en la misma congregación, considera que la orden de las religiosas era de izquierda. Los oficiales de inteligencia también dijeron que “las monjas se encontraban presas en alguno de los lugares de detención dispuestos por la SIDE”.

El 1 de febrero, el embajador Castro recibió una llamada de Massera, que “lo invitaba a dar una vuelta y tomar algo”. Castro describe el encuentro, cuenta entre paréntesis que llegó a la oficina central de Massera, pero que durante toda la entrevista no le sirvieron nada. Massera manifestó que estaba informado de que el Ejército y la Aeronáutica habían recibido, por parte de las autoridades de Estados Unidos, piezas de repuesto para sus equipos militares, y que la Marina no recibió nada. El almirante también dijo que, de acuerdo con lo que le había contado Jorge Aja Espil, embajador argentino en Estados Unidos, “la Marina es antipopular en el gobierno de Estados Unidos”, y agregó que: “dicen en Washington que estamos con las monjas”. Finalmente, el embajador Castro relata que la entrevista se inició a las 9h,

La vuelta a la democracia

Así como los primeros documentos detallan las circunstancias políticas que se vivían durante el año 1975, los últimos reflejan muchos de los acontecimientos vividos, desde la confirmación del triunfo electoral de Raúl Alfonsín hasta los levantamientos de los cara pintados, en el año 1987, haciendo foco, especialmente, en el período en que se juzgaban a las juntas militares.

Uno de los documentos que reflejan esas circunstancias, y las que vendrían años después, es la reseña redactada por el agregado militar de Estados Unidos, en la que informa un encuentro que mantuvo con Raúl Borrás, futuro ministro de Defensa del gobierno de Alfonsín, días antes de su investidura, la que sucedería el 10 de diciembre de 1983.

Borrás y el militar estadounidense intercambiaron información sobre la relación existente entre las fuerzas armadas de ambos países, entendiendo que “no siempre estuvo orientada a la democracia, y también hablaron sobre el peligro que representaba mantener los servicios de inteligencia argentinos sin funciones”. Borrás preguntó si el personal militar argentino era importante para las operaciones que Estados Unidos realizaba en Centroamérica, lo que el funcionario estadounidense respondió diciendo que creía que ya no había militares argentinos en Honduras y Nicaragua, y agregó que la pregunta era una cuestión delicada, y que lo mejor sería no debatir sobre ello públicamente.

Finalmente sugirió que la presencia de militares argentinos en Bolivia se mantenía por un interés que iba más allá de ser meros observadores. Borrás manifestó que Argentina no debería permanecer con asesores militares allí. En el inicio del diálogo, Borrás admitió que no contaba con experiencia en temas de defensa, pero que el presidente electo Raúl Alfonsín, su amigo personal, pidió que asumiera el ministerio para desarrollar un programa de defensa de la democracia a largo plazo.

Los nuevos documentos incluyen un reporte del FBI sobre la ejecución de Marcos Osatinsky, líder destacado de los Montoneros, un movimiento de izquierda que luchó contra la dictadura. Los funcionarios estadounidenses se enteraron de que los oficiales argentinos habían torturado y asesinado brutalmente a Osatinsky, así como de que mintieron sobre las circunstancias de la muerte y que se deshicieron del cuerpo antes de que pudiera realizarse una autopsia.

“El 26 de octubre de 1975, el agente del FBI, Robert Scherrer, enlace de inteligencia norteamericano que informaba desde Buenos Aires sobre todo lo que ocurría en el Cono Sur a lo largo de los ’70, reporta la detención y ejecución del líder de Montoneros, Marcos Osatinsky”. El cable informa que Osatinsky fue arrestado y torturado por las fuerzas de seguridad del entonces gobernador Raúl Lacabanne y que las autoridades  “escenificaron” su muerte para que pareciera un enfrentamiento cuando intentaban rescatarlo.

El documento añade que tres policías cordobeses fueron convocados a participar e incluso advertidos de que podían recibir heridas leves. La decisión de matarlo se tomó porque era imposible ocultar las marcas de las torturas si aparecía vivo.

Pero el plan tuvo una segunda parte, aún más macabra. Para esconder la evidencia, el personal de Lacabanne secuestró el coche fúnebre que transportaba el cuerpo de Osatinsky. “El objetivo era evitar que se realizara una autopsia”, dice el informe de Scherrer.

Cuando su cadáver era llevado por su familia a su provincia natal, Tucumán, para recibir sepultura, otro grupo armado se llevó el ataúd y arrojó su cuerpo en un pozo cerca de Barranca Yaco, al norte de Córdoba, donde lo dinamitó.